La muerte
de abejas se produjo a fines de enero en diversos establecimientos apícolas
del Departamento, donde los productores advirtieron la en cantidades que
excedían de lo normal y en forma encadenada.
Entre los casos mencionados en los fundamentos del proyecto se destaca la
pérdida de 1.000 colmenas a principios de febrero, con un costo económico de
359.000 pesos para el apicultor.
Desde la
Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre) seccional
Uruguay indicaron que se mantuvieron reuniones con intendentes de la zona
para acordar el cumplimiento de la legislación que regula las fumigaciones
en la provincia.
Las sospechas apuntan a una sustancia tóxica llamada carbofurán que se
utiliza en época de siembra y que es mortal para las abejas y, a mediano
plazo y por exposición reiterada, también afecta la salud humana.
“Estamos
en presencia de episodios que configuran casos preocupantes de daño
ambiental, con la consiguiente afectación de los derechos de toda la
comunidad a disfrutar de un medio ambiente saludable, apto para el
desarrollo humano, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41 de la
Constitución Nacional. Es imprescindible que el Estado provincial otorgue a
estos hechos la relevancia que se merecen para identificar fehacientemente
las causas, pero sobre todo para implementar mecanismos efectivos y ágiles
de contralor –y eventualmente de sanciones, de acuerdo a la legislación
vigente– a efectos de propender a evitar que esta problemática se
generalice”, puntualizó Artusi |